Por María Isabel Barragán
Periodista

La empresa no ha querido rotar las rutas con más pasajeros ni tampoco se decide por pagar sueldos.

Con la esperanza de que el próximo martes se logre algún avance en la reubicación de las 212 familias que habitan la zona del Dique del río Guatiquía, se programó una reunión para ese día. Las familias protes­taron el pasado jueves frente a la Gobernación del Meta por el incumpli­miento de la acción de tu­tela fallada hace tres años que ampara su derecho a la vivienda.

La acción legal que fue confirmada por la Cor­te Constitucional en su sentencia T-188 de 2016, ordenaba a la Alcaldía de Villavicencio y a la Gober­nación del Meta la reubi­cación inmediata de estas familias, con un plazo pe­rentorio de seis meses. No obstante, lo ordena­do por la corte no se ha cumplido, y a la fecha solo están garantizadas por la Alcaldía 21 vivien­das. De acuerdo con Gusta­vo Basto, abogado defen­sor de estas familias, la mayoría de estas familias son víctimas del conflicto armado.

“Además, entre los afec­tados hay niños, mujeres cabeza de hogar, perso­nas discapacitadas, po­blación afro e indígena”, aseguró Basto. El abogado reconoció que del lado de la admi­nistración local ha habi­do voluntad, pues se han comprometido a subir a cien el número de solu­ciones de vivienda de in­terés prioritario que per­mitiría reubicar a estas familias en el sector de La Madrid.

La Alcaldía aportaría la suma de 42 millones de pesos por cada vivienda, pero se requiere que la Gobernación también aporte 10 millones adicionales para cada beneficiario. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado obtener una respuesta positiva del gobierno departa­mental en tal sentido y cada reunión termina con plazos y compromi­sos que no se cumplen.

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