Así se privatizó el catastro en Villavicencio

Así se privatizó el catastro en Villavicencio

Aunque el IGAC venía prestando el servicio en Villavicencio, siendo una entidad pública, la Alcaldía asumió esta tarea que, ahora, está basada en el apoyo de un privado.

El pasado 27 de mayo de 2022 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC profirió la resolución 665, mediante la cual habilitó como gestor catastral al municipio de Villavicencio. Eso implicó que dicho servicio catastral pasara del IGAC, entidad pública nacional prestando el servicio, a manos de la administración municipal de Villavicencio.

Una vez la Alcaldía fue habilitada, mediante el convenio interadministrativo 1799 del 8 de julio de 2022, le entregó por 10 años a la empresa Alborada dicho servicio de operación catastral multipropósito de Villavicencio, pese a las denuncias de no cumplir los requisitos legales por falta de idoneidad de esta entidad.

A su vez, Alborada contrató también directamente, sin licitación, con una única oferta, a través de la figura de alianza estratégica a un privado, la sociedad Realtix SAS, por medio del contrato 012 del 29 de julio de 2022. En ese contrato, en la cláusula séptima, se pactó exclusividad con el particular, por 10 años. Es decir, solo con Realtix SAS Alborada puede prestar el servicio de operación del catastro multipropósito que el municipio de Villavicencio le asignó con el convenio interadministrativo.

En ese mismo contrato con Realtix SAS, Alborada pactó dos formas de remuneración: participa ción en ingresos netos o participación en utilidad bruta. Y en cualquiera de los dos esquemas de pago pactados, a Realtix SAS se le paga el valor de los servicios de operación catastral, lo que cobre y, adicionalmente, se le pagan utilidades.

Algunos expertos consideran que con esa forma de pago a Alborada solo se le reconocerá cerca del 9% del valor del contrato, pero dicho monto está condicionado por el costo de los servicios de operación que cobra Realtix. Sostienen los expertos consultados por Llano SIE7EDÍAS, que una “alianza estratégica” en donde la utilidad de Alborada es tan baja y depende del aliado contratista, y la utilidad tan grande para este, afecta los recursos públicos y puede generar un detrimento patrimonial.

Finalmente, en el contrato con Relatix SAS se pactó que el contratista también ejerza la supervisión del contrato, función que por lo general no lo puede hacer el mismo contratista, y se conformó un comité directivo integrado por Realtix SAS y Alborada, en donde las decisiones se deben tomar de manera unánime, algo inusual en contratación con el Estado.

Con base en ese contrato, se han firmado dos contratos más entre Alborada y Realtix SAS, el 021 del 5 de septiembre de 2022 para asesoría en empalme con el IGAC por $233.335.200 y el 026 del 26 de septiembre de 2022 para la operación catastral hasta el 31 de diciembre de 2022 por $669.733.190, ambos contratos con dineros (un valor mayor) que el municipio le entregó a Alborada mediante convenios interadministrativos.

Llama la atención que, aunque el Gobierno actual de Villavicencio simpatiza con la ideología del Gobierno Nacional, el Presidente Petro en días pasados sostuvo que no estaba de acuerdo con que el catastro multipropósito se contratara por los alcaldes con privados, porque lo considera un negocio neoliberal, y que dicho servicio debe seguir siendo prestado por el IGAC, entidad pública de la Nación.

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