Hallazgos en contrato del acueducto

Hallazgos en contrato del acueducto

El contrato N. 2754 de 2019 que tiene por objeto la “Construcción de obras de mitigación para reconstrucción y/o rehabilitación línea de aducción sistema de acueducto por gravedad quebrada La Honda, sectores Carlos Julio y Castrillo en atención y recuperación de emergencia asociada con la calamidad pública Decreto 1000-21/235 del 15 de mayo de 2019, Decreto 1000-21/535 de noviembre 14 de 2019, prórroga de calamidad pública y urgencia manifiesta Decreto 1000-21/540 de noviembre 20 de 2019”, habría evidenciado mediante la supervisión e interventoría, posibles falencias en su ejecución.

Dicho contrato se celebró entre la Alcaldía de Villavicencio y el contratista Unión Temporal ABR Mitigación, con un valor inicial de $3.376’309.425, y un plazo de ejecución inicial hasta el 30 de diciembre de 2019. Según el informe técnico remitido a Seguros del Estado, y firmado por Gonzalo Hernández, interventor delegado, y David Riaño, supervisor delegado del contrato, eran 39 días contados desde el 22 de noviembre de 2019, tomando como fecha de inicio la orden de trabajo, ya que no hay acta de inicio suscrita.

De igual manera, se generó una prórroga que culminaría el 13 de febrero, pero debido a una suspensión, se indicó como fecha de terminación prevista el 26 de este mes. De acuerdo al informe técnico, el 7 de enero del año en curso, durante el primer comité técnico realizado por el gobierno de Harman, el contratista solicitó la suspensión bajo el argumento de no contar con los diseños de las obras de protección necesarias para darle continuidad al proceso.

El informe señala que fectivamente, dentro del expediente contractual no se encontraron diseños, permisos o licenciamientos, documentos necesarios para poder ejercer las labores de seguimiento, vigilancia y control respecto a las obligaciones sometidas a cumplimiento por parte del contratista.

Cabe recordar que, el 15 de mayo de 2019, el entonces alcalde Wilmar Barbosa declaró la situación de calamidad pública, y el 20 de noviembre decretó la urgencia manifiesta en Villavicencio. El interventor y supervisor delegados, al efectuar las debidas revisiones, una de las primeras cosas que se encontraron, es que el 5 de diciembre de 2019 a través de la oficina de Gestión del Riesgo, se suscribió la justificación técnica, que de conformidad al numeral 5 del documento “grupo mínimo de apoyo”, dentro del expediente contractual no reposa información del equipo mínimo de trabajo.

Respecto a la suficiencia de garantía de estabilidad y calidad de la obra, del Decreto 1082 de 2015, Riaño y Hernández señalaron que no encontraron justificación técnica de la no existencia de la misma o en su defecto que se encontrara con un amparo inferior a los cinco años. Por el contrario, se evidenció que dicha garantía no fue solicitada.

Así mismo, el documento indica que no se evidenció radicación de solicitud de permiso ambiental de ocupación del cauce ante la corporación ambiental dentro de los seis días siguientes a la declaración de la urgencia manifiesta.

A lo anterior, en el informe se da a conocer la falta de acreditación de la participación del equipo de trabajo exigido, ya que no reposa información respecto a algunas máquinas, y la inexistencia de hoja de vida de la maquinaria aportada, donde se demuestre prueba o documento alguno acerca de la calidad de arrendatario y/o propietario del contratista.

La revisión adelantada al expediente permitió a los funcionarios determinar presuntas irregularidades en las planillas de pago de seguridad social anexas, lo que llevó a que la interventoría y supervisión consideraran que hay serios indicios de incumplimiento de las obligaciones contractuales y fallas de los empleados públicos que ejercieron la supervisión e interventoría, constituyéndose posibles hallazgos con connotaciones fiscales, disciplinarias, penales y patrimoniales.

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría y supervisión decidió ampliar la suspensión hasta el 28 de enero, con el fin de determinar si persistían las posibles inconsistencias, y permitir al contratista ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.

El secretario Privado de Villavicencio, Jairo Rey informó que el tiempo de la suspensión se cumplió y no se reiniciaron los trabajos ni se generó ningún tipo de defensa por parte del contratista, a quien este medio intentó contactar, pero no hubo respuesta.

El documento indica que no informar sobre las irregularidades en el desarrollo del objeto del contrato, es otro presunto incumplimiento del contratista. Añadiendo que a pesar de que ya había cobrado el 74.79% del contrato, no había verificado planos, diseños y cantidades de obra.

Así mismo señala que, en cada una de las actas parciales, se incluyen ítems que no han sido ejecutados por el contratista. Además, afirman que la supervisión e interventoría avalaron el pago parcial de actividades que no fueron realizadas por el mismo, relacionadas con la instalación de la tubería en Pead.

Tal parece que el enredado contrato tendría graves falencias, y según lo que se conoce hasta el momento, presuntamente, el contratista estaría por solicitar la liquidación del mismo.

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