Jueces sin prima especial y con sobrecarga laboral

Jueces sin prima especial y con sobrecarga laboral

En el Palacio de Justicia de la capital del Meta, los jueces detuvieron sus actividades por algunos minutos y se reunieron para expresar su inconformidad con el no pago de la prima especial, la cual aseguran que les corresponde por ley.

La mencionada fue establecida en 1992, pero sigue pasando el tiempo y los jueces no la reciben. Álvaro Romero, presidente del Tribunal de Villavicencio, afirmó que desde ese año vienen denunciando y demandando la prima, incluso él tuvo que interponer una demanda para lograr el pago.

Romero dijo que debido a su labor no ven como opción el cese de actividades, sino que buscan emplear otras herramientas para hacer valer sus derechos, como las demandas ante lo contencioso administrativo.

“Como colegio de jueces estamos apoyando la justa reclamación que ellos están haciendo, teniendo en cuenta que a la Procuraduría ya le pagaron por ser del ejecutivo”, indicó el magistrado.

Afirmaron que el Gobierno Nacional les ha incumplido, catalogando lo que está ocurriendo como un claro desconocimiento del Artículo 280 de la Constitución Política, ya que se ha procedido a reconocer y ordenar el pago de esta remuneración a los procuradores judiciales en todos sus niveles, “dando así un trato desigual y discriminatorio a los jueces”, señaló el juez Félix Alfaro.

“Reclamamos vehementemente una solución pronta y eficaz del Ejecutivo central, de los ministerios de Hacienda y Justicia y de la dirección ejecutiva de la Administración Judicial para que, sin más dilaciones ni nuevas acciones judiciales, se proceda de manera inmediata a igualar la situación de la prima especial establecida”, indicó Alfaro en la lectura del comunicado.

Así mismo, manifestaron que de no hacerlo sería una grave arbitrariedad de la rama ejecutiva del poder público, en cabeza del presidente de la República, contra su homólogo poder de la rama judicial, confirmando así que continúan en un trato desigual, injusto y denigrante.
“Si el gobierno persiste en evadir el pronto pago de las obligaciones, se incrementarían las jornadas de reclamación ante las instancias nacionales y organismos internacionales, hasta lograr el pago definitivo y total”, concluyeron.

Álvaro también hizo referencia a la sobrecarga laboral que lleva según él, aproximadamente 10 años, y está relacionada con el crecimiento de la ciudad.

“Los jueces de ahora en Villavicencio, Acacías y Granada, debido a dicho crecimiento son impotentes para sacar el cúmulo de demandas que se presentan a diario, generando un atraso en la administración de justicia”, expresó Romero.
El magistrado es consciente de que los ciudadanos presentan una demanda y quieren que se les solucione ya, pero lastimosamente la sentencia sale hasta los cinco años aproximadamente.

“Anteriormente estábamos huérfanos ante los organismos de las altas cortes. Ahora tenemos un magistrado que fue elegido de la Corte Suprema, quien ha abogado por nosotros ante el Consejo Superior y demás”, relató Romero.

Para Álvaro, los departamentos que tienen muchos magistrados del Consejo Superior, de la Corte Constitucional, Consejo de Estado o de la Corte Suprema, tienen la ventaja de que ellos gestionen en favor de su tierra, afirmando incluso que en Antioquia una sentencia no se demora más de año y medio, y en Bogotá hay unos juzgados que están congestionados pero la justicia anda, mientras que en esta zona del país se quedan cortos.

De acuerdo a lo informado por el magistrado, en el año 1982 habían seis Juzgados Civiles Municipales y en la actualidad hay ocho, cuando mínimo se deberían tener 18, para esa misma época se contaba con seis magistrados en el Tribunal y ahorita hay 7, cuando se tendría que tener cinco en la Sala Penal, tres en la Laboral y cuatro en la Civil Familia, para un total de 12, siguiendo la progresión geométrica de la ciudad.

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