Los delitos por los que Judicializan a Hernán Gómez

Los delitos por los que Judicializan a Hernán Gómez

Según la Fiscalía, el actual secretario de Gobierno del Meta era denominado el ‘jefe’ de una organización criminal, que coptaba la contratación pública de varios municipios de los departamentos del Meta, Casanare y Cundinamarca.

El pasado lunes en un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía y la Dijin fueron capturados el secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez y otras seis personas entre las que se encuentran los ex alcaldes de Fuente de Oro, Guillermo Suarez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, así como los ex funcionarios Yeyson Javier Medina Reina y Nelson Enrique Sarmiento Hernández junto a los contratistas Carlos Augusto Daza Orrego y Miguel Roberto Muñoz Torres.

Estas personas fueron aprendidas por presuntos hechos de corrupción, según informó la Fiscalía.

Tras la aprensión de es- tas personas, la Fiscalía en audiencia ante un juez de garantías procedió a legalizar las capturas, a formular imputación y a pedir medidas de aseguramiento por las conductas que se adecuan a los delitos que aten- tan contra la seguridad, la administración y la fe pública, los delitos de interés in- debido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

La conformación de estas empresas tenía varios propósitos criminales, entre los que se encuentran canalizar y manipular la contratación pública en los departamentos»,

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Según la Fiscalía, desde el año 2015 hasta noviembre del 2022 el abogado Hernán Gómez Niño en conjunto con los ingenieros civiles Carlos Augusto Daza, Claudia Milena Ricaurte y Jeison Javier Medina, acordaron ilegalmente coptar entre ellos masiva- mente la contratación pública de varios municipios de los departamentos del Meta, Casanare y Cundinamarca, con el propósito de que las administraciones de algunos municipios de estos departamentos direccionaran la contratación a su favor y beneficio, prevalidos de un conglomerado empresarial, liderado por las empresas Parcor Limita- da ahora Parcor SAS, Ariari Ingeniería Limitada y por Carlos Augusto Daza como persona natural.

A estas empresas, según la Fiscalía, les era asignada la contratación a dedo.“Por intermedio de este complejo plan criminal lograron comprometer millonarias sumas de recursos públicos”, indicó la Fiscalía.

Así mismo, el órgano de control fiscal entregó detalles de cómo operaba esta organización criminal.

Según la Fiscalía, Hernán Gómez Niño, actual secretario de Gobierno del Meta era denominado el ‘jefe’ de esta organización criminal. “Por intermedio de su reconocimiento e influencias políticas, logra coptar de manera corrupta y masiva la contratación de los entes territoriales de los departamentos del Meta, Cundinamarca y Casanare. Sumado a ello, realiza alianzas ilegales con los servidores públicos de los diferentes entes territoriales, obteniendo información privilegiada de las necesidades de las entidades públicas desde antes de hacer oficiales los procesos de contratación estatal”, Indicó la Fiscalía.

Esa información, según el ente de control, era en- tregada posteriormente a las empresas Parcor Limi- tada ahora denominada Parcor SAS, Ariari Ingenie- ría Limitada, Obras, Ma- quinarias y Equipos Tres A limitadas, Tecniciviles SA, Tecniconsultas SA, Conge- ter Rocia, Cayena Consul- tores e Interventoría SAS, Turpial Ingeniería SAS e Infraestructura Técnica Colombiana SAS y a Carlos Augusto Daza como perso- na natural, que conforman un conglomerado empre- sarial criminal.

Según la Fiscalía, la conformación de estas empresas tenía varios propósitos criminales, entre los que se encuentran “canalizar y manipular la contratación pública en los departamentos carente de los pliegos de condiciones, compran- do la experiencia acredita- da en los objetos contractuales a terceras empresas y comprando la experiencia a profesionales con amplia trayectoria en ingenie- ría y arquitectura, esto con el fin de dar cumplimiento a la presentación de las propuestas ante los entes territoriales que coapta la organización”, informó la Fiscalía.

Y agregó que: “Una vez adjudicados los procesos, estos profesionales nunca participan en la ejecución de los mismos”.

La fiscalía también ase- guró que esta organización criminal “aseguraba que los contratos de obra asig- nados previamente de ma- nera direccionada también les fueran adjudicados los contratos de intervento- ría, esto que quedará en el mismo conglomerado em- presarial de sus empresas, con el fin de cerciorarse de tener el control absoluto en la atapa de ejecución, toda vez que al no existir una in- dependencia tampoco en la interventoría, no había una exigencia real al contratis- ta en la ejecución idónea y oportuna de los contratos”.

“Con dicho propósito, se rotaban los roles entre Claudia Milena Ricaurte y Carlos Daza, quienes ostentaban las representaciones legales como interventor y contratista, figura que en el argot delincuencial se denomina como ‘tacha’, materialmente las mismas personas son beneficiarias del contrato de obra y del contrato de interventoría a través de las mismas empresas que son controladas por ellos mismos”, agregó la Fiscalía.

Es decir, estos profesionales actuaban en doble condición de ejecutores de obra e interventores, “vulnerando la transparencia e independencia de la interventoría, que debía ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, vigilancia que tenía como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual”, explicó la Fiscalía.

Teniendo en cuenta esta situación, el órgano de control señaló que la estrategia grupal delictiva liderada por el denominado ‘Jefe’ Hernán Gómez Niño y con- formada por Carlos Daza, Claudia Milena Ricaurte y Jeison Medina, era el hacer lobby en altos niveles para gestionar y comprometer recursos públicos en diferentes entidades del orden regional.

“La incidencia política de Hernán Gómez aunada a la gestión interesada de conseguir recursos públicos para los entes territoriales comprometía ilegalmente a los burgomaestres de turno para que participaran desde su posición privilegiada y ordenadores del gasto que les permitía tener incidencia directa en la designación de los procesos contractuales de manera amañada desde antes de hacer públicos los procesos en el secop”, explicó la Fiscalía.

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