¿Qué pasó con los elementos suministrados a colegios públicos de Villavicencio?

¿Qué pasó con los elementos suministrados a colegios públicos de Villavicencio?

En el mes de febrero del presente año, Llano7días dio a conocer los escándalos relacionados con contratos que involucran al colegio Inem, incluyendo un gimnasio olímpico entregado a esa institución en el gobierno de Wilmar Barbosa, el cual se encuentra en pésimas condiciones.

El contrato 2075 de 2018, Suministro de elementos materiales y equipos de tecnología para instituciones educativas oficiales del municipio de Villavicencio, suscrito entre el municipio de Villavicencio y Analítica S.A.S, cuyo representante legal es Javier Vergara Garzón, y tuvo un valor de $3.993.858.985.00, fue objeto de graves denuncias.

En febrero del año 2019, Barbosa entregó a 47 instituciones educativas, 30 laboratorios de biología, implementos para 14 laboratorios de física, dotación para 9 aulas de bilingüismo, elementos y 80 computadores para 4 aulas de sistemas, un laboratorio agropecuario, dotación para 4 laboratorios de robótica, instrumentos musicales para dos bandas marciales, un archivo rodante, 500 pupitres para docentes, 3.000 sillas plásticas, 3 cabinas de sonido y 1.957 pupitres tipo universitario para estudiantes de décimo y undécimo grado.

 Judith Castillo, miembro del consejo directivo del colegio Inem, interpuso las respectivas denuncias ante los entes competentes, contando con todo el respaldo de la comunidad educativa, y en este mes recibió respuesta por parte de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

Los hallazgos de la Contraloría

En total fueron tres hallazgos administrativos y uno disciplinario, los que arrojó como resultado la Auditoría Exprés adelantada por el órgano de control.

El primer hallazgo administrativo señala que en unas Instituciones Educativas algunos de los elementos e implementos que se les donaron no han sido puestos en funcionamiento, inclusive ni si quiera han destapado las cajas, corriendo el riesgo que se venza la garantía de calidad que expira en agosto de 2020 y ya no se pueda hacer cumplir, además de que algunas recibieron los implementos como pupitres, escritorios, laboratorios para tenerlos en la bodega, cuando hay otras que están escasas de ellos.

En total fueron tres hallazgos administrativos y uno disciplinario, los que arrojó como resultado la Auditoría Exprés adelantada por el órgano de control.

El primer hallazgo administrativo señala que en unas Instituciones Educativas algunos de los elementos e implementos que se les donaron no han sido puestos en funcionamiento, inclusive ni si quiera han destapado las cajas, corriendo el riesgo que se venza la garantía de calidad que expira en agosto de 2020 y ya no se pueda hacer cumplir, además de que algunas recibieron los implementos como pupitres, escritorios, laboratorios para tenerlos en la bodega, cuando hay otras que están escasas de ellos.

El segundo hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal, se relaciona con la calidad anacrónica y mal estado del gimnasio mencionado anteriormente. Según la Contraloría, al momento de revisar los estudios previos del contrato en mención se pudo constatar que en ellos no se dejó estipulado la calidad, marca y especificaciones técnicas de cada uno de los elementos que hacen parte del gimnasio.

 Por lo anterior, el órgano de control aseguró que se generó un detrimento patrimonial por valor $ 91.130.812 pesos, representados en cada uno de los implementos que hacen parte del gimnasio, ya que el estado en que se encuentra actualmente es muy deteriorado debido al mal uso o a la mala calidad.

La gestión fiscal realizada por la administración, el contratista, el supervisor, el secretario de Educación y el rector de la Institución Educativa, de acuerdo al informe de la Contraloría, es una gestión antieconómica, ineficiente, e inoportuna, pues no cumple con los cometidos y fines esenciales del Estado.

 Los presuntos responsables en este hallazgo son Jorge Daniel Beltrán Bohórquez, quien era el secretario de Educación cuando se firmó el contrato, Mauricio Andrés González Jaramillo, jefe en ese entonces de la oficina de contratación, Javier Vergara Garzón, representante legal de Analytica S.A.S, Luis Alberto López Ortiz, supervisor del Contrato 2075/2018, y José del Carmen Pérez, rector del Inem.

Finalmente, el tercer hallazgo administrativo está relacionado con la falta de gestión respecto a la aplicabilidad del Software de Ingles en la I.E. Abraham Lincoln. “Al indagar con los profesores de inglés de la misma institución educativa (Guadalupe Soto, Gustavo Riveros, Pilar Mejía) coinciden en afirmar que a la fecha la sala en la cual se instalaron dichos equipos de cómputo, siempre ha sido utilizada como área de sistemas por tanto vive ocupada por los estudiantes para otros fines menos la práctica del idioma ingles y a la fecha no tienen conocimiento de que el software estuviera en funcionamiento, por ende no tienen ninguna programación que incluya la práctica del software con los estudiantes.

Es de tener en cuenta que en los estudios previos del contrato 2075 de 2018 se contempló la adquisición del laboratorio de inglés con el fin de suplir una necesidad, por tanto, se evidencia falta de gestión por parte del rector y/o directivos respecto a la inclusión del software en las clases de inglés de los estudiantes”, señala el informe de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

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