Más rezagos de la violencia en el Meta

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“Que este nuevo caso de falsos positivos no quede en la impunidad”, esta frase hace parte del mensaje que Lida Montenegro quiso enviar, mientras solicitaba el apoyo de organismos de derechos humanos y denunciaba el atropello del que presuntamente su esposo y cinco personas más habrían sido víctimas por parte de las autoridades la semana anterior en la vereda El Silencio del municipio de Mapiripán.

Para entender de qué se trata, se debe aclarar que la semana pasada las autoridades (Policía, Fiscalía y Fuerza Aérea) realizaron operaciones en el municipio de Mapirián, teniendo como resultado, según sus reportes, la captura de seis presuntos integrantes del grupo residual de ‘Iván Mordisco’, responsable de desplazamiento y amenazas en contra de defensores de derechos humanos. Recientemente se conoció desde la Fiscalía que a estos capturados fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías, imputándoles cargos por desplazamiento forzado y amenazas.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa también hizo público lo que sería el perfil de cada uno de estos capturados: Carlos Julio Betancourt, alias ‘Coco’: Quien presuntamente tendría una hacienda de más de 250 hectáreas en la vereda El Silencio, en la que presuntamente se dedicaba al cultivo de hoja coca y a la producción de pasta base, además de ser aparentemente el dinamizador de la producción de pasta base de cocaína en la zona y quien le rinde cuentas al cabecilla de la estructura criminal conocido como “Iván Mordisco”.

José Martín Barreto, alias ‘Carpintero’: Quien sería uno de los presuntos narcotraficantes más reconocido en la zona, quien producía en grandes cantidades pasta base de coca y arrendaba cultivos ilícitos a terceras personas. José Vicente Max Hernández, alias ‘Vicente’: Presunto cultivador de coca y quien era responsable de incitar a los GAOr a realizar ataques a los líderes campesinos y a la población civil que no seguía las órdenes y presiones de esta organización ilegal en la región. Luis Alberto Méndez Torres, alias ‘Chiquitín’: Aparentemente responsable de realizar reuniones clandestinas en zona rural del Guaviare con el GAOR 1, donde se trataban temas relacionados con amenazas, desplazamientos y afectación a líderes campesinos.

 Julio Díaz, alias ‘Julio Hormiga’: Quien al parecer llevaba a cabo reuniones clandestinas entre el grupo criminal y la comunidad; los líderes sociales que se negaban a participar en estas actividades clandestinas eran objeto de amenazas y posteriormente desplazados del territorio. Norbey de Jesús Bustamante, alias ‘Peludo’: Al parecer sería el responsable del movimiento de suministros para los cocaleros de la región, quienes eran patrocinados por este grupo criminal.

Sin embargo, la comunidad del sector ha mostrado inconformidad frente a este caso, no solo por las capturas sino por la imagen que se está creando alrededor de quienes ellos describen como campesinos de bien. Lida Montenegro, esposa de Norbey Bustamante (uno de los capturados), en un video asegura que la Policía llegó hasta el municipio sin identificarse ni órdenes de allanamiento y confirmó que su esposo fue capturado en un retén ubicado en la entrada de este municipio.

En su video lida dice: “Solicito de antemano a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y al gobierno nacional, que este nuevo caso de falsos positivos no quede en la impunidad”. Por otra parte, Arsenio Perdomo, quien se identificó como el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Silencio, dijo: “Detuvieron a unas personas que son campesinas, trabajadoras, dueños de unos fundos, pequeñas fincas, como presidente los conozco hace más de 20 años, los demás también los conocen y pueden dar fe de su idoneidad”. Asimismo, el presidente dejó claro que frente a las acusaciones que hace el Ministerio de Defensa presenta inconformidades, ya que, según él, esta información no es cierta y esto se catalogaría como un “atropello contra los campesinos”. “A una persona no se le puede imputar ni calumniar de esta forma, sin antes haberle comprobado cualquier hecho de delito”, puntualizó Perdomo. Aunque las familias y parte de la comunidad defienden a estas personas y piden su liberación, los proceso judiciales avanzan a tal velocidad que ya fueron judicializados y enviados por un juez a la cárcel. Será una lucha larga para que se logre determinar con pruebas fehacientes, cuál de las dos partes tiene la razón.

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