La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la culpabilidad del Estado en los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica. Víctimas, familiares y militantes recibieron la noticia en Villavicencio.
La mañana del 30 de enero de 2023 pasará a la historia, será una fecha para recordar por quienes conocen esta parte de la historia violenta de Colombia. El sol brillaba fuerte y los nervios de quienes esperaban en Villavicencio el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaban a la orden del día.
Reunidos ante una pantalla que proyectaría la audiencia en vivo en la que se daría lectura a la sentencia, se encontraban víctimas, familiares y militantes, como una emotiva mancha amarilla, con sus rosas del mismo color en las manos y con la esperanza en sus ojos, guardando silencio mientras la CIDH pronunciaba palabra a palabra, el fallo que estuvieron esperando por más de tres décadas.
“¡Yo te daré, te daré patria hermosa, te daré una rosa y esa rosa se llama UP!”, fue el canto que se alzó al romper el silencio luego de escuchar que el Estado fue hallado responsable, los aplausos, los abrazos y los gritos de júbilo no se hicieron esperar. La emoción por reencontrarse con esa amiga que se había alejado de ellos, esa amiga llamada justicia.
Con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada por la emoción, Martha Garzón recordó su caso particular, asegurando que, aunque tiene una víctima en este caso, muchas emociones llenaron su corazón en ese momento y recordó los años enteros en que han tenido que caminar para que las víctimas no fuesen olvidadas.
“Se hizo justicia y ahora nos van a ver en esta nueva etapa, de cómo vamos a transformar lo que un día fueron hechos de estigmatización”, recordando que el país mismo se encargó de minimizar su dolor, al punto de tener que esperar más de 30 largos años para que se confirmara su responsabilidad.
Así mismo, con una voz fuerte, llena de alegría, con su sombrero cubriendo su cabeza, Ramiro Orjuela Aguilar, presidente de la Junta Departamental de la Unión Patriótica, afirmó que lo más importante es garantizar la NO repetición de estos crímenes. Hechos violentos que describió como una política de persecución contra un partido que vio caer a muchos de sus miembros a través de homicidios, genocidios, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias.
“Ninguno cayó en combate”, recordó con nostalgia al asegurar que, aunque se trató de señalar que los muertos fueron combatientes, ninguno falleció en circunstancias de combate, todos fueron buscados en sus casas, acechados hasta los rincones más lejanos, hasta ser exterminados de manera violenta.
La melancolía aumentó al recordar asesinatos que ocurrieron en el Meta, como el del senador Pedro Nel Jiménez, el representante a la Cámara Octavio Vargas, diputados Pedro Malagón y José Rodrigo García, al alcalde de Vista Hermosa Julio Cañón, personero Exenover Quintero, a los alcaldes de El Castillo María Mercedes Méndez y Julio Campo, a los concejales James Barrero y Nelson Briceño, profesores como Nelson López, médicos como el dr. Escrivano.
Sin embargo, “nos duelen también las muertes de muchos campesinos que no tenían mucho reconocimiento pero igual eran militantes nuestros, que desde el surco y de las partes más recónditas era la gente que estaba con la Unión Patriótica y nos estaban ayudando, eran parte de nuestro partido, a los cuales también rendimos un sentido homenaje y siempre recordaremos”, dijo.
Expectativa y esperanza es lo que ahora rodea el ambiente de quienes con paciencia esperan iniciar la etapa de implementación y con esto ver cómo la justicia llega hasta quienes, a pesar del tiempo transcurrido, siguen en pie como parte de la historia de lo que queda, o lo que dejaron, de la Unión Patriótica.
