Manolo Torres
Periodista

La Procuraduría está atenta frente a los próximos nombramientos de cargos públicos que harán los gobiernos departamentales

La cantidad de demandas que enfrenta el Estado colombiano ha despertado las alarmas de vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, encabezada por el procurador Fernando Carillo Flórez.

Ante el incremento de denuncias hechas por funcionarios contra las Alcaldías o Secretarías municipales, el ente controlador quiere asegurarse de que los nombramientos sean por meritocracia, sobre todo ahora que estamos en épocas de una transición electoral en los Departamentos de la Nación.

La acción de vigilancia se dio frente a las cifras de denuncias analizadas por la Procuraduría. La entidad señala que hay aproximadamente 7.067 demandas en contra de la nación por asuntos laborales.

Hace poco en el departamento del Meta se dio a conocer el caso de dos alcaldes que fueron demandados por funcionarios públicos. El primero fue el del alcalde Agapito González del municipio de San Juan de Arama, quien presuntamente no habría seguido el procedimiento respectivo para declarar insubsistente a una funcionaria para sacarla de su cargo en provisionalidad.

La mujer demandó a la administración municipal y la Procuraduría General sancionó al mandatario con una suspensión de su cargo por un periodo de seis meses. Por una situación parecida, la Procuraduría también desplegó un pliego de cargos contra el alcalde Eliecer Urrea del municipio de El Castillo.

En esta ocasión el ente controlador también señaló que el dirigente habría incurrido en un incumplimiento de su deber al no haber explicado la motivación que lo llevó a declarar insubsistente a una trabajadora de la administración nombrada también en provisional.

La mujer argumentaba que ella cumplía con los requisitos para ejercer el cargo público y por ende demandó a la alcaldía. Ante estos hechos, el alcalde Urrea se defendió asegurando que él sí había expuesto los argumentos de la motivación.

Sumado a esto, en su respuesta jurídica, su abogado defensor Edgar Ardila, indicó que la Procuraduría no estaba analizando los conceptos que se han trazado desde el Concejo de Estado sobre las ocasiones en las que se debe o no motivar la declaración de una insubsistencia.

Este tipo de demandas están generando una preocupación dentro de las entidades reguladoras, ya que los procesos legales por asuntos laborales tienen pretensiones de más de 797 mil millones de pesos, lo cual podría generar un detrimento económico dentro de las arcas de la Nación.

Para evitar que se repitan estas situaciones, la Procuraduría ha logrado un acuerdo con 91 entidades del gobierno nacional para que estas destinen un aproximado de 86 mil millones de pesos para convocatorias en donde se administren y entregue los empleos en provisionalidad y así mismo garantizar la continuidad de los servidores de carrera que han trabajado por mantenerse en estos puestos.

La idea de esto es promover la meritocracia y respetar los derechos de los colombianos trabajadores. Otras de las cifras emitidas por la entidad informan que en el país hay 24.336 cargos en provisionalidad y en los territorios hay 135.405 empleados, lo cual equivale al 31 por ciento y al 68 por ciento respectivamente.

Por otra parte, la Procuraduría seguirá revisando los contratos de prestación de servicios en el Estado y la promoción del empleo público con la intención de reducir de manera gradual los 244.668 contratos de prestación de servicios en todo el país. La entidad resaltó que los cargos de planta ascienden a un total de 360.705 Además de esto, la Cancillería le comunicó a la Procuraduría que los cargos ocupados por servidores de carrera pasaron de 12 a 20, lo cual evidenció un aumento del 30 por ciento.

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