Omar Camargo
Periodista

El presidente de la República revive la posibilidad de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Al cierre de esta edición, el cuerpo de Sharik Alejandra Buitrago Rayo, la niña de 10 años de edad asesinada el miércoles en El Retorno, Guaviare, ya había sido trasladado a ese municipio, donde se preparaba el funeral para hoy sábado.

Los restos de la menor fueron velados anoche en el Inelag, único colegio público en El Retorno, donde la niña estudiaba en cuarto grado. Entre tanto en el hospital de San José del Guaviare se realizaban las audiencias contra Édinson Díaz Sarmiento, como presunto responsable de la muerte de la menor.

El Juez Segundo Promiscuo Municipal, Germán Alberto Grajales, declaró legal la captura durante una primera audiencia en la unidad de Urgencias del Hospital San José del Guaviare. La Defensoría del Pueblo asignó como abogado defensor del presunto asesino a Léiber Pinto. Siguió la imputación de cargos y el fiscal imputó los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento contra menor de 14 años, pero Díaz Sarmiento no aceptó los cargos.

La audiencia se realizó en Urgencias donde se atiende al presunto asesino por las contusiones producidas durante la golpiza que le propinaron enardecidos ciudadanos de El Retorno, tras conocerse el asesinato de la niña a quien Díaz Sarmiento se llevó de un local comercial, según un video.

En el Hospital de San José del Guaviare se indicó que después de concluidas las diligencias judiciales, el acusado sería remitido al Hospital de Granada para realizarle una tomografía cerebral.

Debate Entre tanto, el Presidente de la República Iván Duque volvió a hablar de un proyecto de acto legislativo que permita castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños. Como varias iniciativas en ese sentido han sido negadas en el Congreso de la República, Duque no descartó un plebiscito. Habló de “hacer un llamado a la sociedad colombiana para que la sociedad se pronuncie”.

Imponer la cadena perpetua supone cambiar la Constitución política que en su artículo 34 prohíbe las penas de “destierro, prisión perpetua y confiscación”. La pena máxima por delitos contra los menores es hoy de hasta 60 años.

La idea de la cadena perpetua había sido rechazada por un grupo de 10 supuestos expertos penalistas contratados por el Ministerio de Justicia para quienes “el Estado no solo debe proteger los derechos de las víctimas sino los de todos los ciudadanos, incluidos quienes cometen crímenes, garantizando sanciones proporcionales y razonables”.

En el Congreso, el desfile de proyectos sobre cadena perpetua comenzó en 2006; en 2009, previa recolección de más de 3 millones de firmas, presentaron otro proyecto para que fuese el pueblo colombiano quien se pronunciara a través de un referendo sobre la procedencia de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Ese proyecto fue aprobado en sus cuatro debates y sancionado como la ley 1327 de 2009 pero la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-397 de 2010, la declaró inexequible. En 2011 nuevamente fue presentado el proyecto que convocaba el referendo pero luego de pasar los 2 debates en la Cámara, el proyecto fue archivado por la Comisión Primera del Senado.

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