Manolo Torres

Periodista

 

La Fiscalía logró evidenciar que Ayala Amaya junto con la abogada Diana Saavedra buscaban obstruir un proceso de restitución de tierras

Un nuevo avance ha arrojado el proceso contra el exasesor del Ministerio de Agricultura y coronel retirado Germán Eduardo Ayala Amaya, y la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, quienes permanecen privados de su libertad desde el 31 de octubre de 2018.

Las últimas investigaciones de la Fiscalía lograron determinar que el exasesor y la abogada habrían ofrecido dádivas a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras del Meta con el objetivo de alterar un proceso administrativo de la entrega de un terreno.

Los dos implicados estarían tratando de evitar que se entregara el predio de la Finca Zimarua, ubicada en el municipio de Cabuyaro en el departamento del Meta, a un reclamante, víctima del conflicto armado. Las pesquisas de las autoridades señalan que en este caso estaría involucrado el paramilitar Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien en la época del año 2002 y 2003, habría extorsionado e intimidado a la familia dueña de estos terrenos.

Al recibir tantas amenazas, los dueños del terreno tuvieron que venderlo al exgobernador del Guaviare, Óscar de Jesús López Cadavid, quien lo compró en 500 millones de pesos.

Volviendo al tema del ofrecimiento de dádivas, la exdirectora de la URT Llanos, Diana Herrera, fue quien expuso el caso el año pasado. La funcionaria conoció al coronel (r) Ayala en Villavicencio en un evento en Malokas. Luego de esto, el exasesor empezó a llamarla y a preguntarle por el caso de la restitución de predios en Cabuyaro. Al mismo tiempo le decía que había una ayuda económica para ella.

Después, fue la abogada Saavedra la que comenzó a llamarla y a preguntarle sobre su respuesta frente al proceso de restitución de tierras en Cabuyaro. Frente a esta insistencia, Herrera decidió denunciar el caso con sus superiores. Luego tuvo que entregar su carta de renuncia.

Gracias a estos datos, la Fiscalía logró probar la actividad ilegal de los implicados y estableció un preacuerdo con ellos. Fue así como la abogada Saavedra ofreció disculpas públicas a la comunidad al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras, a través de un medio de comunicación.

La pena que debe pagar la abogada Diana Saavedra es de 25 meses en centro penitenciario y una multa de 41 salarios mínimos legales vigentes mensuales aproximadamente. Mientras que el exasesor Ayala tendrá que pagar una sentencia de 35 meses con una multa de 99 salarios mínimos legales vigentes mensuales.

Por su parte, la directora actual de la Unidad de Restitución de Tierras no quiso entregar ningún pronunciamiento cuando se dieron a conocer otros avances de esta investigación hace aproximadamente un mes. Actualmente, continúa en la misma posición con respecto a este tema.