Redacción

Llano 7 días 

 

El alcalde de Cumaral, quien ha atravesado varias polémicas en lo corrido del año, recibió la sanción por parte de la Procuraduría

El procurador provincial, Nelson Enrique Rodríguez Balaguera señaló a mediados del año 2019 que Miguel Antonio Caro Blanco alcalde de Cumaral, periodo 2016-2019 recibiría una sanción disciplinaria con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones durante una década.

Según lo explicado por el procurador provincial, el mandatario fue encontrado responsable en falsedad de documento público, al evidenciarse que mientras estuvo de viaje en países de Europa celebró contratos, resoluciones y otro tipo de actos administrativos. Las autoridades encontraron que los documentos estaban firmados en las mismas fechas que él estuvo viajando.

Las autoridades también encontraron que Caro Blanco salió tres veces del país y en dos de ellas no solicitó el respectivo permiso que necesita un mandatario por parte del Concejo Municipal de Cumaral. Tampoco exigió la autorización de la Gobernación del Meta y para lograr cubrir su ausencia, engañó a los concejales para que pensaran que estuvo en Colombia mientras firmaba los contratos en las mismas fechas que estuvo visitando el continente Europeo.

Para esa época la Procuraduría había señalado que Caro Blanco debía presentarse en segunda instancia ante el ente regional.
Ahora, en los más recientes días del mes de noviembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la confirmación de la sanción con destitución e inhabilidad de 10 años para el alcalde Miguel Antonio Caro, por la suscripción irregular del acto administrativo, con el cual había convocado una consulta popular en el municipio de Cumaral.

Las autoridades demostraron que el funcionario expidió y firmó el Decreto 035 del 24 de marzo de 2017 mientras cumplía una misión oficial en Europa, donde estuvo entre el 17 y el 28 de marzo del año 2017. Debido a esto, el funcionario habría incurrido en una falta disciplinaria establecida en el artículo 48, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, descrita como falsedad ideológica, según los entes de la Procuraduría.

De igual forma, el ente controlador precisó que la falta también responde al artículo 286 de la Ley 599 de 2000 del Código Penal Colombiano donde se determina que “el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad, calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.

Por otro lado, la Procuraduría indicó que la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional Meta. Así mismo, calificaron la falta del alcalde como gravísima, ya que traicionó la confianza que el Estado y que la ciudadanía había puesto en él.

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