Contra Harman

Meta “Quo Vadis”?

Desde el gobierno Duque, primero contra el alcalde de Medellín, ahora con el de Villavicencio, se utiliza cualquier aparato del uribismo, de momento la Procuraduría, eslabón de esa maldad conjunta, la emprende contra Harman. De la Procuraduría nadie espera resultados positivos, impávida ante la represión violenta de la protesta social, sale si a desatar su felonía contra los elegidos por fuerzas alternativas. Qué puede esperarse de un órgano cuya cabeza llegó procedente del gobierno su actual titular, que antes había pasado, sin pena ni gloria por la Corte Suprema, a todos los cargos llega como un producto más de la desprestigiada “casa Char”. Su condición de simple esbirro de la derecha y el inmerecido carrusel de puestos públicos solo se explica en esa lógica de sumisión al poder económico. Nunca ha escrito un editorial, cuando habla con ayuda del computador, recita las intrascendencias que sus ayudantes, tanto más descoordinados que la titular.

Ahora da instrucciones a uno de sus súbditos para que investigue a Felipe Harman, por manifestarse en contra de la Reforma Tributaria de Carrasquilla, causas directas del estallido social que atraviesa Colombia ¿Quién le daría clases de derecho constitucional, a la procuradora y su vergonzoso equipo?

Desconocer el rigor dogmático y fundamental de la libertad de opinión, es propio de los regímenes fascistas, y a eso se va pareciendo el gobierno Duque y todo su entorno. Cualquier estudiante de Derecho, de una universidad distinta la Sergio Arboleda, alma máter del uribismo, refutaría las tesis de la Procuraduría. La libertad de pensamiento, de libre opinión y de libre expresión, son inherentes a la democracia liberal; logros perennes de la Revolución Francesa. A los funcionarios públicos solo les está prohibido inmiscuirse en los asuntos de los partidos y en temas electorales, pero pueden opinar políticamente sobre cualquier tema (lo hizo tardíamente el gobernador contra Carrasquilla). El extremo de la ignorancia de la Procuraduría estriba en desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Petro), que forma parte del Bloque de Constitucionalidad, por el cual los funcionarios elegidos por voto popular solo pueden ser disciplinados e investigados por autoridad judicial.

Contenido Relacionado