Democracia S.O.S.

Colombia líquida

Una noche de éstas, me despertó el sonido de sirenas que al acercarse, produjeron ciertas alarmas; sobresaltado, me detuve en la experiencia de E. Galeano, vivida con angustia y dolor, en Montevideo. Esas sirenas -contaba él- en la madrugada, anunciaban el tétrico hallazgo de cuerpos humanos abandonados por el mar sobre el malecón.

Eran los días de la dictadura cuando en cumplimiento del Plan Cóndor, a los “sospechosos” los desaparecían como parte de la lucha contra los Tupamaros. Es triste esa evocación en momentos en que el río Cauca, según los informes, se ha convertido en una extraña fosa común, desde las masacres de Trujillo hasta hoy, como infeliz circunstancia del paro nacional, que da cuenta de más de un centenar de desaparecidos en algo más de treinta días de protesta. Lo que está sucediendo en Colombia es grave: en primer lugar, la implementación de la asistencia militar en algunos departamentos y ciudades afectados por el “terrorismo de baja intensidad” como denominó genéricamente el sr. Presidente a la protesta social, obliga a los gobernadores y alcaldes respectivos a “obedecer” las directrices del orden nacional y del mando militar. Es un desafuero inconstitucional que tendrían que acatar los mandatarios territoriales por encima incluso de la negociación política, so pena de ser sancionados.

En segundo lugar, la reforma a la justicia que hace trámite en el congreso, implica la pérdida de fundamento de la Rama Judicial, particularmente de las altas cortes, ante el intento de socavar la naturaleza misma de la Justicia al eliminar los requisitos constitucionales de carrera para acceder a la magistratura y reemplazar la inteligencia y el acervo jurídico por cualquier experiencia equivalente en tiempo a la exigida para ciertos cargos que ameritan excelencia, sapiencia y pulcritud; fácil: se trata de abrir las puertas de las altas cortes al clientelismo y la politiquería. En tercer lugar y quizá lo más torcido, la reforma al Ministerio Público para entregarle funciones de justicia penal a la Procuraduría a fin de que con fallos políticos el titular de este despacho pueda separar del cargo a funcionarios elegidos por voto popular y de paso afectarles sus derechos políticos. Ya comenzaron amenazando a algunos alcaldes alternativos e iniciándoles investigaciones disciplinarias a los congresistas de la oposición: Concentración de poder y monopartidismo.

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