Mapiripán ¿Detenciones arbitrarias o montajes judiciales?

Henry soler

El domingo 7 de junio, seis campesinos Carlos Julio Betancourt Flores, José Isidro Martín Barreto, Carlos Julio Díaz, José Vicente Hernández, Norbey de Jesús Bustamante Cardona y Luis Alberto Méndez fueron detenidos irregularmente acusados de ser responsables de desplazamiento forzado y amenazas como integrantes de un grupo ilegal.  

Según testimonios de la familia, la orden de captura emitida por la Fiscalía fue realizada por integrantes de la Policía Nacional y un grupo de hombres vestidos de negro que no se identificaron, ni mostraron órdenes de captura. Entre los detenidos se encuentra el fiscal de la Junta de Acción Comunal, Carlos Julio Díaz, en el sitio conocido como El Silencio.  

A la vivienda del comerciante Norbey Bustamante Cardona, quien no se encontraba, llegaron Efectivos Policiales identificaron a sus familiares tomando sus datos, entre ellos de un niño de cuatro años y un recién nacido. Los hombres manifestaron tener una orden de allanamiento, pero nunca la presentaron. Posteriormente, Norbey Bustamante se dirigió al casco urbano de Mapiripán y a la entrada, había un retén policial en el que le pidieron identificación, siendo detenido por la orden de captura en su contra.  

Algunos de los pobladores de Mapiripán que conocen a los seis detenidos afirman su inocencia. Nos preguntamos si se esta haciendo uso del aparato judicial como un mecanismo de guerra para mostrar positivos en una región en que se mantienen las consecuencias de la impunidad, la negación al derecho a la paz, al territorio. En un territorio que se evidencia el incumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la FARC EP.  

En Mapiripán siguen operando otro tipo de armados, y este tipo de acciones con tanto despliegue mediático pone en la picota pública a los procesados sin garantías y a sus familias, y parece que nuevamente estamos ante así la consumación de un “falso positivo judicial”. Nos cuestiona enormemente cómo a un aparato judicial es incapaz de enfrentar los reales grupos criminales y armados que operan en ese municipio, y que generan daños irreparables a bienes protegidos como la vida, las tierras y fuentes de vida. 

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