Nos insistían que la democracia colombiana era la más estable de América Latina; después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se reinstalan en el poder político los partidos tradicionales, los viejos y queridos odios, a decir de Laureano Gómez, con la pactada exclusión de las demás colectividades; en otros términos, era oficial que nadie tenía derecho a gobernar el país sin la bendición de los consabidos directorios. De una violencia bipartidista liberal- conservadora transitamos a otra violencia: ésta contra los diferentes sectores de opinión ajenos al reparto burocrático y otra contra la insurgencia armada y las bandas criminales, últimos rezagos de la guerra de los años cincuenta. Se han calculado alrededor de 300 mil los muertos de ese periodo.
Sin alternativas democráticas, la subversión adquiere cierta connotación pero la confrontación impide el surgimiento de opciones razonables en el ámbito del debate y la preferencia electoral. El gobierno de Belisario Betancur abre las posibilidades de avanzar en unos diálogos con las FARC para fincar la voluntad de paz en Colombia y entonces, en ese marco de relaciones surge la Unión Patriótica como canal de expresión política para una eventual desmovilización.
Los resultados del proceso electoral subsiguiente preocuparon a los círculos del poder económico y político tradicional que iniciaron en consecuencia y sin cortapisa alguna, la persecución más despiadada contra la militancia de la UP. En esta empresa criminal participaron activamente agentes del estado y paramilitares sin que hasta hoy exista claridad sobre los verdaderos determinadores del genocidio. La sociedad en su conjunto observó pasiva el cortejo fúnebre de cientos de asesinados de ese partido, en tanto los gobiernos de la época solo atinaban a atribuirle a la delincuencia común o a “suicidios” el acontecer trágico del magnicidio en marcha. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos acaba de pronunciarse responsabilizando al Estado colombiano por acción y omisión en el exterminio sistemático y cruel de la UP; fueron aproximadamente seis mil los sacrificados por la intolerancia y el sectarismo en el país más democrático de América Latina. También fueron muchos los exiliados y desaparecidos en el holocausto. Hoy, después de casi treinta años, la justicia internacional procede de conformidad con lo solicitado por las víctimas y emplaza al Estado para que asuma los compromisos correspondientes. Para que lo sucedido, no se repita.
