Pablo Durán 

Periodista 

 

Este municipio, ubicado al sur del Departamento del Meta, es el primer caso en Colombia, en el que la comunidad fue levantando sus viviendas en predios que hacen parte de una finca y el dueño es un particular

Algo más de sesenta hectáreas que comprenden el casco urbano de Puerto Concordia, albergan cerca de mil trescientas viviendas, la parroquia, el polideportivo, la biblioteca, el parque principal, la estación de policía y hasta la sede de la alcaldía, poseen una condición especial, toda esta área construida pertenece a doña Blanca Bernal, propietaria legítima de la finca, pero quien a causa de la violencia abandonó la región desde hace más de 39 años, por amenazas en su momento, de las FARC, pero el predio quedó protegido por el estado.

Hoy se puede decir que sus habitantes, como en la canción de Rafael Escalona, hicieron sus casas en el aire, porque al no ser los propietarios de la tierra, carecen del respectivo título que acredite su propiedad. Desde el alcalde, pasando por el personero, el párroco y el resto del pueblo, viven en una propiedad que no les pertenece.

Esta situación genera diversos problemas a los pobladores, porque si por algún motivo necesitaran, no pueden vender las casas que han ido construyendo con mucho esfuerzo con el paso de los años. Así mismo, los inconvenientes para el gobierno municipal no son menores, por ejemplo, la alcaldía municipal ha presentado numerosos proyectos al gobierno nacional, pero no se puede beneficiar de muchos de ellos porque el municipio carece de propiedad legal, y lo primero que exigen las entidades nacionales para otorgar recursos o firmar convenios es la escritura pública. Así las cosas, han perdido la aprobación de proyectos de vivienda y otros relacionados con la casa de la cultura.

En ese sentido, Luis Roberto Sánchez, alcalde de Puerto Concordia, le dijo a Llano 7 días que con la colaboración de su equipo de trabajo, acaban de hacer un acercamiento con la dueña del predio en el que se acordó una negociación por $6.000 millones, en el que la alcaldía invierte dos mil millones de pesos y la Gobernación del Meta, cuatro mil millones de pesos. Una vez realizada la venta, doña Blanca propietaria de la finca hace las escrituras a nombre de la alcaldía y posteriormente el municipio inicia un largo proceso de legalización de predios a través de la verificación de los linderos, para poder expedir las resoluciones de adjudicación para cada una de las mil trescientas familias que habitan a lo largo y ancho de las 60 hectáreas que hacen parte del casco urbano de la población.

Para Juan Manuel Cepeda, director de planeación municipal, esta nueva etapa traerá muchos beneficios para los concordianos, uno de ellos, será el fortalecimiento de la apropiación del territorio. También para la alcaldía, porque como entidades territoriales no pueden invertir en terrenos que no sean oficiales, en adelante, se podrán legalizar las áreas de cesión que le corresponden al municipio, y así proyectar espacios de equipamiento social para la comunidad que permitirán la construcción de parques y de salones comunales, también se podrá realizar la actualización del esquema de ordenamiento territorial, la reglamentación del uso del suelo, y después de muchos años en que la gente anheló tener la propiedad, en adelante, cada habitante podrá tener la legalización y registro de su propiedad.